LAS COSAS POR SU NOMBRE
“El capital al servicio de la economía y la economía al servicio del pueblo.”
Esta frase, una de las 20 verdades peronistas, plantea claramente rol del capital como parte de una función de producción, en el marco de la construcción de una sociedad con inclusión y justicia social. En ese sentido, el capital puede utilizarse en beneficio del desarrollo del pueblo o para el beneficio del propio capital en función de su propia reproducción, solo en beneficio del capitalista y en detrimento de los otros componentes del proceso productivo, el trabajo y los recursos naturales.
El peronismo postula una mirada crítica sobre la forma de utilización del capital que busca su exclusivo y propio beneficio, aprovechándose del trabajador y de los bienes comunes (recursos naturales) para su propia reproducción en detrimento del desarrollo integral de la comunidad a quien, en el marco de la soberanía del estado nación y de los preceptos constitucionales, esos bienes pertenecen.
Es el Estado el que debe regular las condiciones y las relaciones de poder, para que el capital pueda cumplir su función remunerando el riesgo del inversor, pero a su vez beneficiando a la comunidad dueña de esos recursos.
Vale considerar en este sentido y para cerrar esta introducción, la frase de Perón. “La economía no es libre; o la regula el Estado en beneficio del pueblo o la regulan los consorcios en función de sus propios intereses”.
Este abordaje permite poner en perspectiva critica dos anuncios formulados a nivel nacional por parte del gobierno de Javier Milei que impactan directamente en Chubut.
Hace unos días, mientras el gobernador de Chubut participaba con el Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno nacional, Guillermo Francos, y el Presidente de Aluar S.A., Javier Madanes Quintanilla, del anuncio de la compañía respecto a la inversión en la etapa V del parque eólico de la empresa radicada en Puerto Madryn, en una sala contigua, el Ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anunciaba el fin de la obra pública ante una multitud de empresarios. “La obra pública no vuelve más” fue la frase que utilizó el ministro para comunicar esa determinación.
Estas dos noticias, a priori inconexas, dadas casualmente en el mismo día implican, en realidad y función del abordaje planteado desde INTEGRAR, un gran contraste. En primer término, en cuanto al desarrollo del sector energético y particularmente el referido a las energías renovables. En segundo, quizá, más que un contraste, también se plantea una gran contradicción desde la línea discursiva que se pretende instalar; la pretendida búsqueda de abandonar el modelo extractivo que tanto daño ha hecho no solo a nuestra región sino a todo nuestro país y a los demás países subdesarrollados de la región.
Por un lado, el proyecto anunciado en el acto del que participó el Gobernador de la Provincia del Chubut, es conocido ya hace tiempo (la audiencia pública de impacto ambiental se hizo en julio 2023) y responde pura y exclusivamente a los intereses comerciales, económicos y financieros de la empresa Aluar, la cual, en función de estándares internacionales asociados a la transición energética, debe utilizar para su producción de aluminio, energía de origen renovable para lograr sostener su posición ante las exigencias de sus mercados de exportación. A su vez, fortalecerá su participación en el segmento generación del Mercado Eléctrico Mayorista Nacional.
La otra noticia, el fin definitivo de la obra pública anunciado por Sturzenegger da por tierra, a priori, con la posibilidad de avanzar con un proyecto muy importante para el desarrollo energético de la provincia de Chubut y de la Patagonia, como lo es el tendido eléctrico en 132kV desde Esquel a Rio Senguer, conectando a todas las localidades hoy abastecidas por el sistema de generación aislada, al Sistema Argentino de Interconexión.
Desde nuestro análisis, criticar el proyecto de inversión de Aluar seria incorrecto. No se le debe requerir a una empresa suplir el rol del estado en términos de buscar la armonización de los intereses de la comunidad en su conjunto. El problema aquí no es Aluar, sino la intención del Estado nacional de eliminar cualquier atisbo de política de estado que, a partir de su participación en el establecimiento de una regulación equilibrada garantice que el conjunto de la sociedad sea parte del proceso de apropiación de valor respecto de un aprovechamiento productivo de los recursos naturales en el marco del desarrollo sustentable.
En este contexto, y considerando que el próximo año (2025) dos cuestiones trascendentes inherentes a la cuestión energética habrán de producirse -el vencimiento de la ley de promoción de energías renovables y el vencimiento de la concesión de la represa hidroeléctrica Futaleufú- es fundamental que el gobierno provincial construya una política energética soberana que permita la armonización de los intereses de los grandes inversores del sector con los intereses de las comunidades en donde esas inversiones encuentran sus condiciones de desarrollo, tal cual se expresa en la introducción.
Salir del extractivismo, modelo histórico que caracteriza a nuestro país, a nuestra región y a nuestra provincia no depende exclusivamente de la iniciativa de una empresa en particular. Desde INTEGRAR consideramos que la salida de ese modelo de desarrollo exógeno, perjudicial para el desarrollo de nuestro territorio, implica la articulación de múltiples variables, públicas y privadas.
Del extractivismo se sale con la industrialización y el agregado de valor local como horizonte, por lo cual es necesario un proceso permanente de articulación interinstitucional, publico – privado, entre el capital y el trabajo que busque la manera de profundizar la participación local en las cadenas de valor global. Es fundamental una comprensión geopolítica de sentido soberano que interprete la actual dinámica de las relaciones internacionales para que nuestros valiosos y caracterizados recursos naturales constituyan una oportunidad real para nuestro desarrollo y no la justificación para la aplicación de un proceso de dominación.
Como decimos, la iniciativa pública debe coordinarse con la privada en función de objetivos de desarrollo territorial. De hecho el desarrollo del proyecto anunciado por Aluar S.A es la etapa V y VI, de proyectos de los cuales ya se han desarrollado las etapas I, II, III y IV y los cuales son posibles gracias a la existencia de la Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) 500 kV entre Puerto Madryn y Choele Choel, que conecta a la Patagonia con el sistema eléctrico del resto del país y que fuera construida por el gobierno nacional e inaugurada en 2005 dotando de capacidad de transporte energético a la Patagonia y de potencial real de desarrollo de las energías renovables en nuestra región.
La existencia misma de Aluar se apoya en una decisión estratégica del Estado nacional, como parte de un proceso de industrialización que implicó la construcción de una represa, de una doble línea de alta tensión y de un puerto de aguas profundas.
En esta misma línea de pensamiento, la obra de interconexión en Alta Tensión de la cordillera, al igual que la interconexión Madryn – Chole Choel, no solo traería inclusión energética y capacidad material de desarrollo a las comunidades de esa región de la Patagonia, sino que ampliaría la capacidad de desarrollo de energías renovables en esa parte del territorio provincial, sustituyendo la generación energética en base a combustibles fósiles y abriendo la oportunidad a que las comunidades pudieran participar, en el marco de un planteo provincial de soberanía energética, de los beneficios que generan las potencialidades del ecosistema local, como bien de toda la comunidad. Esta virtuosa posibilidad se estrella en la actualidad con las implicancias de la frase “La obra pública no vuelve más” pronunciada por el Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno del presidente Javier Milei.
El modelo extractivo en general, implica una posición pasiva del territorio frente a quienes vienen a explotar los recursos naturales, esperando que la teoría del derrame haga la propio. Claramente esto no sucedió nunca ni sucederá jamás. La copa nunca derrama y la mano invisible del mercado se caracteriza por eso, por ser invisible. Aquí cabe la pregunta ¿quién debe generar las condiciones para que el desarrollo sea integral del territorio?
Desde INTEGRAR creemos que primero el debate político amplio, en términos de representatividad sectorial y territorial, y, luego el Estado, como materialización de los intereses de la comunidad organizada, son las formas que, en el marco de la soberanía y la constitución, tenemos para ordenar el capital en función de los intereses comunes.
INTEGRAR es la tarea.