En la madrugada del 9 de abril, el Congreso de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares.No se trata de una modificación técnica ni menor.
Se trata de una decisión política que pone en peligro el acceso al agua en la provincia del Chubut. 200.000 personas dependen del agua que proviene del Río Chubut.
El río Chubut es la única fuente de provisión de agua para más de 200.000 personas, lo que representa aproximadamente la mitad de la población provincial. No existe una fuente alternativa que pueda reemplazarlo. No hay margen para el error. El destino de una sociedad no puede someterse a la conveniencia de proyectos empresariales que afecten definitivamente recursos esenciales para la vida.
El Río Chubut nace en ambiente periglacial.
La naciente del Rio Chubut se encuentra en la cuenca superior del río, en la zona de precordillera donde se localiza el Cerro Carreras, en la provincia de Río Negro. Allí se desarrolla un ambiente periglacial extremadamente frágil, del cual proviene cerca del 80% del caudal que alimenta al río. Ese territorio no es un dato geográfico más Es el punto donde se forma el agua que abastece a nuestras ciudades. Cualquier alteración en ese sistema impacta directamente en la cantidad y en la calidad del agua disponible para la población.
Efectos negativos de la reforma de la Ley de Glaciares
La reforma de la Ley de Glaciares avanza precisamente sobre ese punto crítico. Al modificar los criterios de protección, permite el desarrollo de actividades como la minería en zonas periglaciares, que hasta ahora estaban resguardadas por la legislación vigente.
Asimismo, debilita el rol de los organismos científicos nacionales, como el IANIGLA, y abre la puerta a decisiones condicionadas por intereses económicos, en detrimento del conocimiento técnico y del principio de prevención ambiental.
En términos concretos, la reforma habilita la intervención sobre los territorios donde se genera el agua. El riesgo no es abstracto. Es real, directo e inmediato.Este escenario se agrava si se considera que las nacientes del río ya se encuentran en gran parte bajo control privado, incluso en manos de capitales extranjeros, y que existen antecedentes recientes de intentos de avanzar con proyectos mineros en la zona, así como iniciativas vinculadas a la explotación de uranio en regiones cercanas a la cuenca.
La combinación de estos factores configura un cuadro de alta vulnerabilidad hídrica, en una provincia que depende de un único sistema para su abastecimiento.No estamos frente a un debate ambiental aislado. Tampoco de una decisión circunstancial. Estamos frente a una discusión estructural sobre el presente y el futuro de Chubut.
Sin el río Chubut no hay desarrollo posible.No hay producción, no hay ciudades, no hay vida en condiciones dignas.
La aprobación de esta ley no fue un hecho casual. Fue el resultado de una decisión política que contó con el acompañamiento de distintos sectores, que eligieron priorizar intereses económicos por sobre un derecho esencial.
Silencio gubernamental y legislativo en Chubut.
En este contexto resulta llamativo y alarmante que este tema no forme parte de la agenda ni del poder ejecutivo ni del poder legislativo provincial.
Nos preguntamos si nada tiene para expresar el Instituto Provincial del Agua (IPA) sobre las consecuencias a las que nuestro territorio está expuesto a partir de la sanción de la ley de referencia.
No es un tema que conmueva el interés de los legisladores provinciales que no han incluido este tema, al menos de manera prioritaria, en su agenda de análisis y debates. Hay silencios que, a veces, resultan sospechosos. Frente a esta situación, resulta imprescindible tomar conciencia y asumir la responsabilidad colectiva que implica defender nuestros bienes comunes.
El agua no es una mercancía.
El acceso al agua es un derecho.
El río Chubut debe ser protegido.
Si se pone en riesgo el origen del río, se pone en riesgo la vida de toda la provincia.
