ENERGIA, SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES Y
POLITICA
Los Servicios Públicos Esenciales de Chubut se encuentran en una profunda crisis desde ya hace mucho tiempo y, a priori, nadie parece encontrar la manera correcta de abordarla. Esta falta de una respuesta adecuada ha sido una constante en sucesivas gestiones de gobierno. Esta inercia de
ineficacia no exonera al gobierno de turno (léase provincial y municipales), de la búsqueda de una respuesta adecuada.
Como primer análisis decimos que esta no es simplemente la crisis de una o algunas cooperativas,en función de problemas internos de su gestión.
Es una situación compleja, que se manifiesta en todas las formas de prestación existentes en la provincia, y asimismo en las municipalidades como
poderes concedentes, cuyas causas se encuentran en la trama organizacional del sistema energético nacional, que es una cadena donde las cooperativas son simplemente el último eslabón de esa “cadena” y que, en función de ser el punto de contacto con el usuario final, son las cajas de resonancia de la problemática acumulada, y que nadie asume las responsabilidades institucionales que poseen (gobierno provincial y municipal).
Esta complejidad sistémica que caracterizan al sistema de relaciones que constituyen al sector de energía eléctrica y que finaliza en la prestación de Servicios Públicos Esenciales, reconoce como factor nodal de alta incidencia a una empresa en particular: La Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). Esta empresa es el pívot del mercado eléctrico desde su privatización y desregulación en el año 1994 mediante la ley 24065.
La CAMMESA no es un ente aislado, está integrada por los actores del sistema eléctrico.
De CAMMESA forman parte todos los actores del sistema eléctrico nacional a través de las organizaciones que los nuclean en función del segmento del sistema en que desarrollan sus actividades. Los generadores de energía eléctrica (AGEERA), los transportistas (ATEERA), los distribuidores (ADEERA), los grandes usuarios (AGUERA) y el Estado Nacional. Cada uno de ellos representa el interés de su respectivo segmento del mercado en el directorio político de la compañía.
Al estado nacional le corresponde defender el interés de la nación en su totalidad. La particularidad de la CAMMESA es que no tiene fin de lucro propio, sino que su objetivo es, o al menos dice ser, el funcionamiento ordenado y armónico de las relaciones técnicas y económicas al interior del mercado eléctrico mayorista para su correcto funcionamiento.
En su mesa directiva se debate la distribución del producto económico del sector entre los actores mencionados, con el arbitrio del Estado Nacional, a partir principalmente de su política tarifaria, mediante la cual CAMMESA recauda de los distribuidores la tarifa cobrada a los usuarios y
remunera a los generadores y a los transportistas.
Los argumentos falaces
Los aumentos del precio de la energía y las quitas de subsidios de los últimos años, a partir del gobierno de Javier Milei, expresan claramente la transferencia de ingresos desde los usuarios a los generadores con el pretexto de reducir el déficit fiscal, en el marco de un sistema tarifario
que no expresa el costo real de generación sino la vocación de rentabilidad de las empresas que controlan la generación energética nacional.
En Chubut esa complejidad es aún mayor, ya que en nuestro territorio conviven dos sistemas, el interconectado (asociado al sistema CAMMESA) y el aislado, administrado por una red de relaciones entre las cooperativas distribuidoras y el Estado Provincial.
En ese contexto nacional, las cooperativas interconectadas, sufren la mirada centralista de la CAMMESA y participan marginalmente en la discusión de los intereses del segmento distribución, concentrado por las grandes prestadoras de servicios, EDENOR y EDESUR, lo que genera un vínculo asimétrico y perjudicial con relación a las grandes distribuidoras y las generadoras.
Esto, sumado a la política de un gobierno nacional decidido a realizar una injusta transferencia de ingresos de los sectores medios y populares a los sectores ricos y concentrados de la sociedad argentina, en la cual, el sector eléctrico no es la excepción. El gobierno de Milei está en ese
rumbo ante la anuencia de muchos gobernadores, incluido el de la provincia de Chubut.
Funcionamiento del sistema aislado y sus normativas complejas
A su vez, el sistema aislado (el cual abastece a veinticinco comunidades del territorio provincial que no se encuentran conectadas al sistema nacional) y las relaciones comerciales y técnicas en su interior, se encuentran reguladas por una confusa red de normativa provincial que implican al
Estado provincial grandes cantidades de recursos para sostener la agonía de un sistema obsoleto e ineficiente dado el alto costo de generación eléctrica cuyo valor se encuentra directamente asociado a los precios del combustible líquido.
El gobierno y los dirigentes funcionales cargan únicamente sobre los trabajadores.
La complejidad del sistema eléctrico nacional y provincial, que se compone de cuestiones políticas, legales, normativas, económicas, comerciales y físicas (infraestructura) pretende ser resuelto en Chubut, con una mirada reduccionista desde el Estado Provincial, caracterizada por la ausencia de una política energética, que se enfoca exclusivamente en los problemas propios de las cooperativas sin ahondar en el contexto y cargando las tintas contra un
sector específico del sistema: los trabajadores, sin comprender por falta de voluntad, por falta de capacidad, o por existencia coyuntural de personas que se muestran como si ellos no tuvieran responsabilidad alguna o que pretenden mostrar sus “capacidades” y que esa complejidad, también caracteriza al sistema cooperativo.
Arremetida contra el CCT con argumentos falaces e inconsistentes.
Es un argumento falaz e inconsistente, más allá de su prolongada reiteración por parte de distintas administraciones de gobierno, que el factor distorsionante que genera la mayoría de los problemas en la prestación de los servicios públicos es el convenio colectivo de los trabajadores de
Luz y Fuerza. Debemos decir que una falsedad sostenida en el tiempo NO constituye una verdad.
En este esquema, y con la excusa del convenio colectivo, la Cooperativa de Trelew parece ser el laboratorio de ensayos de la receta para terminar con el sistema cooperativo y avanzar en la privatización definitiva de un sistema, que, si bien se encuadra jurídicamente en el derecho privado, pertenece como empresa a todos sus asociados y no a un grupo empresario.
Una intervención con decisiones lesivas para el servicio y los usuarios
La decisión de designar como interventor a un representante del principal acreedor de la empresa cooperativa derivó en la firma de un acuerdo de pago absolutamente lesivo para ésta que debería ser desautorizado por el juez interviniente por ilegítimo y perjudicial para la empresa
intervenida. Lejos de haber representado un proceso ordenador desde el punto de vista institucional y económico, la intervención promovida por el gobierno de la provincia del Chubut con el apoyo del poder concedente municipal de Trelew, sólo ha servido para garantizar la consolidación de una acreencia de discutible legitimidad, en función de los intereses agregados al capital inicial.
La carencia de un abordaje serio y responsable desde el punto de vista político y técnico debería superarse en base a una reconfiguración sistémica, incorporando nuevas variables tecnológicas, onjugadas con una visión política que ponga en valor posibilidades emergentes de ser una
provincia de alta capacidad de generación electro energética.
El silencio e inacción de la Empresa Provincial de Energía.La soberanía energética se desvanece.
En ese orden de ideas, el rol de la empresa provincial de energía y el mercado eléctrico mayorista que preveía el proyecto de ley 019/2023 definía el rol del Estado Provincial en función de un reordenamiento orientado a perfeccionar un nuevo esquema tendiente a generar:
- Reordenamiento del marco jurídico para homogeneizar el cúmulo de vínculos
prestacionales en el sistema, con énfasis en la igualdad de derechos de los consumidores finales. - Establecimiento de un nuevo esquema de comercialización de la energía mayorista en
vistas a mejorar (reducir) el costo de su principal insumo a las cooperativas encargadas de la
distribución. - Reducción del costo de la energía en la facturación a los usuarios.
- Entendiendo que la energía eléctrica es un insumo difundido en cualquier cadena de valor,
el mejoramiento del precio de esta en el ámbito de la provincia del Chubut, permitiría generar una
política de atracción de inversiones productivas basada en un menor costo de la energía eléctrica. - Generar un alivio significativo en las cadenas de producción ya existentes en la provincia y
en particular en la actividad comercial.
Para comenzar a resolver eficaz y eficientemente los problemas existentes se requiere el
establecimiento de una política de Servicios Públicos en la provincia del Chubut basada en dos
cuestiones estructurantes:
Aprovechamiento integral de las capacidades energéticas en el marco conceptual de Soberanía Energética.
La complejidad del sistema es el eje de este análisis y pretende poner de manifiesto que, si bien es cierto que las cooperativas tienen complejidades y dificultades internas, su estado de crisis no depende exclusivamente de ellas, sino de determinaciones que dependen de otros ámbitos de
decisión, en el marco de la política, provincial y nacional y en la intervención de ámbitos judiciales,que irrumpen con sus decisiones en su desarrollo institucional.
No hay política de Servicios Públicos definida.
Sin una política de Servicios Públicos definida, articulada con un proyecto electro energético claro basado en los variados recursos para la generación que nuestra provincia posee, la intervención de la cooperativas de distribución basada en un diagnóstico incorrecto y en la estigmatización de
los trabajadores del sector es sólo un intento de disimular la ausencia de un plan de gobierno que garantice a la comunidad el acceso a Servicios Públicos Esenciales en condiciones de continuidad (prestación ininterrumpida), generalidad (acceso para todos), igualdad (trato no discriminatorio), en orden al Interés General (su fin es el bienestar social y la satisfacción de necesidades públicas, no la búsqueda de lucro) con tarifas accesibles.
Chubut, marzo de 2026.
AGENDA PATAGONIA
MOVIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN PATAGÓNICA
Homogeneidad regulatoria, organizativa y tarifaria.
