El gobierno de Javier Milei ha cruzado una línea inaceptable. Ayer, en la habitual e histórica marcha de los jubilados, quedó en evidencia la brutalidad del régimen: represión desmedida, censura mediática y un Congreso paralizado de facto.
Mientras los jubilados salían a las calles para exigir lo mínimo –una jubilación digna, medicamentos accesibles y el derecho a una moratoria previsional–, el oficialismo intentó desacreditarlos. Sin embargo, la solidaridad popular se hizo presente. Incluso las barras del fútbol, demonizadas por los medios, acompañaron pacíficamente la protesta, dejando en claro que el verdadero problema no está en la tribuna, sino en los comunicadores que operan al servicio del poder.
La respuesta del gobierno fue la violencia. Con su historial represivo, Patricia Bullrich, ordenó una cacería indiscriminada: gases, balas de goma y palos contra jubilados, manifestantes y ciudadanos de a pie. El saldo fue alarmante: heridos, detenidos y un mensaje claro de persecución ideológica.
Por la noche, los cacerolazos se extendieron hasta Plaza de Mayo, donde la policía de la Ciudad respondió con camiones hidrantes y más gases lacrimógenos, persiguiendo manifestantes con insultos políticos. La escena de patrulleros abandonados e incendiados dejó abierta la sospecha de una estrategia de provocación.
Mientras tanto, en el Congreso, la oposición lograba reunir el quórum para debatir la quita de facultades extraordinarias a Milei. La respuesta del oficialismo: una maniobra autoritaria que suspendió la sesión, clausurando el Parlamento mientras la represión dominaba las calles.
¿Qué se reclama y qué responde el gobierno?
Jubilaciones dignas: El haber mínimo es de $279.000, con un bono de $70.000 que no cubre ni lo esencial.
Acceso a medicamentos: El gobierno recortó la canasta del PAMI y permitió la triplicación de los precios.
Moratoria previsional: Eliminada por La Libertad Avanza, dejando a miles de personas sin derecho a jubilarse.
¿La respuesta? Represión y censura.
Argentina está siendo empujada hacia un nuevo autoritarismo. Como en las peores épocas de nuestra historia, los medios aliados al poder justifican la violencia estatal y encubren la verdad.
¿Quién es la verdadera barra brava en Argentina? ¿Los que luchan por sus derechos o los operadores mediáticos que siembran odio y miedo desde sus micrófonos?
¿Donde residió ayer el germen de la violencia? ¿En la marcha pacífica de jubilados o en el injustificado y brutal accionar de las fuerzas de (in)seguridad?
Basta de represión. Basta de censura. Basta de gobierno por decreto. La democracia no se negocia.
Vivimos un tiempo de extrema gravedad. Las definiciones no pueden quedarse en la retórica: deben traducirse en acciones concretas, visibles y transparentes. Los partidos de oposición y sus representantes deben actuar con urgencia. Es
absolutamente irresponsable sostener la vigencia del DNU 70/2023, la Ley Bases, y las facultades extraordinarias delegadas al presidente de la Nación en las actuales circunstancias.
Si la sociedad no reacciona en defensa de los más elementales principios que sustentan la democracia, si las organizaciones políticas, sindicales, sociales y todas aquellas que representen genuinamente derechos y valores colectivos, no asumen
efectivamente su responsabilidad en el marco de una comunidad organizada, los tiempos por venir serán despiadadamente violentos e injustos.
Chubut, 13 de marzo de 2025.-
INTEGRAR
Partido para la Integración Patagónica (En formación)
